*La representante de la Secretaría de Bienestar en el quinto municipio dice ser presionada por Araceli Brown para que le entregue el padrón de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal
La alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, viene presionando desde hace meses a la Secretaría de Bienestar para que le entregue los padrones de beneficiarios de los programas sociales, para fines personales, denunció la directora regional de la dependencia federal en Playas de Rosarito, Angélica Hernández ,quien además dijo sufrir presiones para que contrate personal que la munícipe le recomienda.
En conferencia de prensa Hernández expresó que los programas sociales no deben ser usados para fines políticos ni de ningún otro tipo, por lo tanto, no ha accedido a la petición de Araceli Brown, “que enojada arremete contra los Servidores de la Nación, tachándolos de que no atienden bien a los adultos mayores y personas con discapacidad”.
Calificó como lamentable que una alcaldesa, compañera del movimiento de la 4ta Transformación “que se dice amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador, realice ataques en sus redes sociales en contra de los programas sociales que son la parte más sensible y noble de su gobierno”.
La directora regional de Bienestar dijo que Araceli Brown, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, junto con dos regidores y funcionarios del DIF, calificaron de ineficiente el trabajo que realizan los Servidores de la Nación, “quienes hacen un trabajo titánico a favor de las familias de Playas de Rosarito”.
Expresó que como ningún otro gobierno, ahora se ha incorporado muchas familias de Playas de Rosarito a los Programas Sociales; tan solo en Becas Benito Juárez, 8 mil 553 jóvenes de preparatoria la reciben y casi 4 mil niños de preescolar y secundaria también reciben su beca.
Destacó que más de 6 mil adultos mayores de Playas de Rosarito están recibiendo como un derecho bimestral la cantidad de 4 mil 800 pesos y más de 4 mil personas con discapacidad, reciben su beneficio también como un derecho constitucional.
“Cómo no defender a los Servidores de la Nación de cualquier ataque en su contra, si en los incendios de 2019 anduvieron censando casa por casa y lograron el apoyo para 120 familias que recibieron cada una 120 mil pesos, y qué decir del trabajo que hacen con pescadores, del programa La Escuela es Nuestra, Niños y Niñas Hijos de Madres Trabajadoras; es de reconocerse su trabajo”, subrayó.
